Análisis político: fue justicia
Finalmente, aquel pedido de investigación que presentó Elisa Carrió en noviembre de 2008, y que luego sería conocido como “La causa de Vialidad”, encontró su primer cierre. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 fallaron que CFK y asociados (José López, Báez y seis imputados más) son culpables del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, hecho que a la vice le valdrá, en primera instancia, la pena de 6 años de prisión, el decomiso de lo robado (ochenta y cuatro mil ochocientos millones de pesos a dividir entre los condenados), y la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta el fin de sus días.
Ahora bien, cómo impacta esta condena en sus demás frentes. Vialidad es neurálgica porque se ubica, en términos judiciales, como el ilícito precedente al delito de lavado de dinero por el cual Báez ya fue condenado a 12 años a la sombra. Si bien CFK no estuvo sentada en el banquillo de ese juicio (“La ruta del dinero K”), el fiscal Abel Córdoba consideró que la condición previa indispensable al delito de lavado de dinero (por más de 55 millones de dólares) fue el direccionamiento de contratos de obra pública en favor de las empresas de Báez.
Vialidad también fue clave en el esquema de las maniobras investigadas en los expedientes Hotesur y Los Sauces. Según la Justicia Federal, parte del dinero obtenido por el amigo de Néstor, gracias a la generosidad de las obras, regresó a la familia Kirchner a través del alquiler de plazas hoteleras y otros negocios inmobiliarios. En esas causas, Cristina y su prole fueron sobreseídos, pero se estima que, a raíz de esta primera condena y para cerrar el círculo explicativo de la corrupción K, Casación mandará a realizar el juicio oral y público que la jefa obturó con todo su empeño. Uno podría pensar: qué mejor oportunidad, para alguien que se sabe inocente, que la instancia del trial. No para la expresidenta.
En cuanto a Alberto y la cadena nacional del lunes para que los medios levantaran la noticia del conciliábulo entre empresarios, funcionarios de la oposición y personal de la Justicia, y que habría surgido a partir del espionaje ilegal del celular del ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Dalessandro; no fue más que otro desesperado intento por desviar la atención de la sociedad de la condena histórica que se le impartió a una vicepresidenta en ejercicio. Ya el lunes sabían del alud que los sepultaría.
La carga probatoria, pese a la pueril contraargumentación de la militancia: dónde están las pruebas; está. Están los obscenos sobreprecios. Están las rutas inconclusas por más de un lustro. Está el direccionamiento absoluto de la obra pública santacruceña a Austral Construcciones. Está el sideral incremento patrimonial de un empleado bancario que de buenas a primera se convirtió en un magnate de la construcción. Están los pagos que el Estado le hacía a Báez con una celeridad desconocida para cualquier otro proveedor. Y más importe aún, está demostrado el vínculo entre Néstor y su “amigo de negocios”, como lo definió CFK; o, como se dice en la jerga, su testaferro. Y todo durante doce años. Doce años de saqueo de las arcas públicas.
Señora, señores, este juicio terminó.
Por: Esteban Fernández