Análisis político: Mayra y sus “empoderados” (parte 2)
Hace poco más de 72 horas, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, presentó un video exculpatorio para responder a los delitos que se le atribuyen en la investigación de las cooperativas del municipio. Los ilícitos a los que deberá responder ante la justicia son: defraudación a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos por 535 millones de pesos. La explicación de la fiscal del caso, Silvia Cavallo, es la siguiente: “Existe suficiente información para explicar una serie de maniobras desplegadas desde el municipio para desviar fondos públicos a través de cooperativas de trabajo, en beneficio de funcionarios públicos, con la utilización de sociedades constituidas en plataformas off shore a las cuales se derivaba el dinero desviado”.
Ahora bien, qué opuso Mayra en su video de defensa. En principio, mal informó el objeto de la investigación: “En la que se me acusa de fugar plata a Miami y de hacer pagos a cooperativas que no trabajan”. Para empezar: en ningún momento se la acusó de pagar a “cooperativas que no trabajan”. La denuncia habla de que parte de lo recaudado por estos grupos (535 millones) fue derivado a sociedades en el exterior. En paralelo, el juez sí ha solicitado los certificados de obra. Pero estos datos son evidencia posterior a lo que originó la causa. El segundo tema, la fuga a Miami, es un argumento que busca banalizar la investigación, darle un cariz patético. Pero es mucho más serio que el infantilismo de que Mendoza tenga (a su nombre) cuentas abroad. Amén de la obligada pregunta: qué político kirchnerista sería tan estúpido de tenerla a su nombre.
En otra parte del spot publicitario de casi 10 minutos, aseguró: “En ninguna de estas cooperativas figuran funcionarios de esta gestión ni familiares”. Aquí, su mentira más oprobiosa. Según uno de los requerimientos judiciales, se constató la relación entre un conjunto de los imputados y algunas de las cooperativas que recibieron contratos. Basta citar el caso de Sebastián Raspa, ex subsecretario de Hábitat de Quilmes y vinculado a la Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Limitada. Sebastián renunció a su puesto apenas el sitio El Disenso reveló la información que dio lugar a las denuncias. En la misma situación de Raspa se encuentra Martín Bordalejo, exfuncionario y abogado. José Alejandro Scozzari, contratista del municipio y contador de varias empresas bajo investigación; y el exmarido de la intendenta, Sebastián Daer, actual funcionario de la AFIP, y apoderado de una firma constructora relacionado con, casualmente, Raspa y Scozzari.
El cortometraje de Mendoza también falta a la verdad en otro detalle: el inicio de las cooperativas. Según su descargo televisivo se remontaría a 2021. Pero el expediente ubica el comienzo de las actividades y de las operaciones sospechadas en 2020. Sí, este esquema de desvíos habría iniciado durante el confinamiento más feroz de nuestra historia.
Por supuesto que Mayra, como buena discípula de CFK, niega todo lo actuado por la justicia y lo atribuye a una operación mediática que busca “obstaculizar el trabajo que venimos haciendo en el municipio”. Y todo “por ser mujer y de La Cámpora”. A las claras, una mirada reduccionista y falaz que no explica la carga probatoria que alimenta los expedientes en su contra.
Con una publicidad exculpatoria no alcanza. Con decir que “me autodenuncié” (estrategia manida) tampoco alcanza. Al menos, ya conocemos qué declarará Mayra cuando le toque comparecer: mentira y propaganda.
Por: Esteban Fernández