Análisis Político: ¿Por qué la PBA prohibió el test rápido para detectar el Covid-19?

La semana pasada, el gobierno de Kicillof prohibió la venta en territorio bonaerense del único test rápido (para detección del Covid-19) que circula en el mercado. En la resolución 1533 publicada en el Boletín Oficial, la administración del pupilo de CFK indicó, entre los argumentos para prohibir la comercialización, que además de que el test debe realizarse en condiciones adecuadas para que el resultado sea el correcto, está normado en los procedimientos sanitarios que cualquier resultado “debe estar cargado en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina)” por un profesional para su registro. “Evidentemente esto podría violarse si el comprador del producto realiza por sí mismo la prueba. Lo que afectaría una trazabilidad adecuada de los casos”. 

En una provincia como la de Buenos Aires en donde la positividad supera holgadamente el 30%; esto significa que de cada 100 pruebas, más de una tercera parte da positivo de coronavirus. Es un engaño hablar de algo que se perdió hace más de un año (cuando el oficialismo se negó a testear como correspondía): la trazabilidad de la enfermedad. Para darnos una idea, recién debajo del 10% de positividad podemos volver a pronunciar la palabra trazabilidad sin estar mintiendo horriblemente. Y si de rastreo de la peste hablamos, entonces debamos recordar que la PBA procesa menos de 100.000 testeos (de los oficiales) por día, cuando se deberían estar realizando más de 350.000 para acercarnos al término trazabilidad. Y como si faltase más evidencia, el Plan Detectar, que en CABA sigue siendo el pilar de una gestión previsora, en el conurbano nunca hizo pie. El oficialismo no destinó los fondos suficientes para insertarlo en los más de 1500 barrios con carencias que acredita la Provincia. 

Carlos Villagra, secretario general de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMSRA), exhibe su visión: “Creo que prohibir el test rápido con el pretexto de que tiene que estar trazado es una equivocación; porque la trazabilidad la da el profesional, no el ciudadano. Si el testeo da positivo voy al médico, me vuelve a testear y el profesional con matrícula lo informa ante el Ministerio de Salud”. 

Por su parte, Luis Ferrari, farmacéutico (M.P. 14337) y presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires (filial Chascomús), también opinó en relación a la prohibición: “Nadie tiene la certeza de que un paciente lo compre y vaya a un laboratorio o al médico a hacérselo. Se corre el riesgo de que se lo realice en su casa, se lo haga un familiar o incluso un profesional que no esté capacitado y de un falso negativo (amén de favorecer la clandestinidad). Sobre ese punto, advirtió además que “en el caso de un resultado positivo, el riesgo es que el paciente no lo informe a un profesional, no reciba el control médico correspondiente y pueda presentar complicaciones”.

Además, algo que ningún lector de la realidad pareció percibir es que prohibir un testeo rápido por cuestiones administrativo/burocráticas va contra todo sentido común. Si algo sirve para que la sociedad pueda cuidarse mejor se adapta el sistema, se lo emparcha. Pero no se pone a los tecnócratas por encima de la salud común. ¿En qué cabeza entra vetar una posible solución sanitaria porque el sistema informático podría verse vulnerado? Y la administración de la enfermedad descentralizada…

Llegamos ahora al quid de este entuerto. ¿Por qué el gobernador Kicillof puso el gancho a la prohibición del test rápido en el conurbano? Seguro que no fue porque quiere cuidar a los bonaerenses, como repite el slogan oficial. Entonces, qué lo empuja a esa acción censora. Siempre es lo mismo: mantener el relato. El gobierno de la PBA no hace más testeos, ni quiere que se hagan en cualquier otra modalidad, porque sigue su narrativa al pie de la letra. En ella, los enfermos diarios no superan los 20.000 (los reales son más de 60.000) y la PBA “no” es el epicentro de la ola. Habilitar estos tests implica abrir el juego a la competencia comercial y leal, a la descentralización de los recursos, a la transparencia de las cifras. Y eso es algo que la épica kirchnerista nunca resistió. Prefieren que el sistema de testeos esté colapsado, pero bajo su órbita, que desembarrar la cancha (favorecer a la gente), pero perder el control. De eso se trata: control sobre las cifras. Control sobre la realidad. 

Por: Esteban Fernández